HISTORIA ARGENTINA

 

EN LOS SESENTA...

    En la década de 1960 el mundo participaba de cambios únicos: dividido en dos bloques por efectos de la "Guerra Fría" y el llamado "mundo bipolar" liderado por Estados Unidos y Rusia, se aceleraba la carrera armamentista y se levantaba un muro que dividía la ciudad de Berlín. En su lucha por quebrar los vínculos coloniales, los países de Asia y Africa, iniciaban movimientos de liberación nacional pacíficos o violentos para lograr su independencia. Comenzaban también las primeras experiencias espaciales logrando uno de los mayores sueños, conquistar el espacio con la llegada a la Luna el 20 de julio de 1969.

    En virtud de lograr un acercamiento entre las distintas líneas del cristianismo, propósito planteado por el Concilio Vaticano II, Jerusalén acogía la celebración de la Cumbre Ecuménica que reunía al Papa Pablo VI y al patriarca de Constantinopla Atenágoras. Fue el primer encuentro de este tipo desde el cisma cristiano de 1493.

    Los movimientos en favor de los derechos civiles de la población negra estadounidense radicalizaron sus acciones: si bien existía una legislación integracionista, pocos ciudadanos blancos la respetaban. El desempleo y los bajos niveles de ingresos constituían el reverso de una sociedad que crecía en la abundancia de bienes materiales.

    En Nueva York, Nueva Jersey y Chicago, a raíz de las protestas raciales de carácter radical producidas en los barrios negros, Martin Luther King hizo un llamamiento en favor de la resistencia no violenta, recibiendo de manos del rey de Noruega el premio Nobel de la Paz.

    King había nacido en Atlanta, Georgia, en 1924 y creció en una época y en un ambiente en los que la segregación racial y la desigualdad social en Estados Unidos eran muy profundas, predicó la idea de la lucha en defensa de la justicia social y no de la raza en sí misma; postulaba la resistencia pasiva como respuesta a los inquietantes y violentos ataques a la población negra por parte de los grupos de fanáticos blancos que, como los seguidores del viejo Ku Klux Klan, se oponían a la igualdad de los derechos civiles.

    El propio King a lo largo de toda su vida, sufrió agresiones físicas, como también sus familiares y propiedades e incluso fue encarcelado por sus actividades antirracistas. Fue asesinado en el año 1968.

    Con su muerte se derrumbó la vía integracionista para la defensa de los derechos cívicos de la población de color y en cambio sobrevivieron las formas violentas de lucha.

    En Argentina en 1963 asumió la presidencia el Dr. Arturo H. Illía con un proyecto basado en la intervención del Estado en la economía, aunque sin responder a un plan sistemático.

    Si bien parte de la ciudadanía vivió la asunción como una vuelta a la legalidad constitucional, interrumpida por golpes de Estado, un alto porcentaje consideraba que este gobierno carecía de legitimidad ante la no participación plena de los partidos políticos en las elecciones.

    Esta debilidad inicial marcó la gestión de su gobierno. Pocos meses después de asumir, el descontento y la oposición a las primeras medidas tomadas se hicieron sentir.

    En febrero de 1964 el Poder Legislativo aprobó una ley que facultaba al Poder Ejecutivo a fijar precios mínimos y máximos y márgenes de ganancias de las empresas; también creaba el Consejo Nacional de Abastecimiento, en los que estaban representados el gobierno, los productores y la C.G.T. El Estado comenzó a intervenir en las operaciones de cambio de divisas en moneda extranjera.

    Hacia mediados de ese año el Congreso sancionó el régimen del salario mínimo vital y móvil. Las medidas tomadas no lograron reactivar la producción agropecuaria e industrial. Los empresarios más poderosos comenzaron a sentir amenazado el normal funcionamiento de la economía capitalista y disminuyeron sus inversiones para el mediano y el largo plazo. Esta decisión provocó el aumento de la desocupación en el sector industrial; ya desde comienzos de 1964 la C.G.T., ante el alto índice de desocupados había aprobado un plan de lucha que incluía huelgas y ocupación de los lugares de trabajo y centros de producción. Es así que, entre enero y junio de ese año los trabajadores tomaron pacíficamente más de 11.000 establecimientos.

    El clima de agitación social al que se sumaron los estudiantes universitarios reclamando por mayor presupuesto para la universidad pública, fue aprovechado por los adversarios del gobierno para acusarlo de lentitud e inoperancia.

    Córdoba no se encontraba ajena a esa situación, desde 1963 gobernaba la provincia el Sr. Justo Páez Molina, político que pertenecía a las filas del radicalismo. En contraposición con la imagen que se atribuía al gobierno nacional, Páez Molina actuó con un dinamismo práctico, el cual se materializó en la concreción o inicio de obras de importancia durante su período de gobierno.

    A nivel educativo en esa etapa, se destacó la inauguración del colegio Gabriel Taborín, el Instituto de Cultura Hispana y los primeros pasos de la llamada Feria de Ciencias, iniciada en 1963 por el entonces director del IMAF - Córdoba, ingeniero Alberto Maiztegui, a fin de interesar a los alumnos en dichas disciplinas; en el ámbito universitario se inauguraba el edificio de la Facultad Ciencias Económicas.

    En esos momentos la Iglesia estaba pasando una crisis muy grande: se había producido el surgimiento de los primeros sacerdotes catalogados como "tercermundistas" y el enfrentamiento entre los sectores católicos y liberales que reeditaban viejos conflictos en el tema de la enseñanza, en esas circunstancias ante el Proyecto de Ley de Educación para Establecimientos Privados que, si bien fue aprobado y convertido en ley no eliminó totalmente la polémica.

    Desde 1965 Córdoba contaría con un nuevo obispo: Monseñor Castellanos fue reemplazado en el Arzobispado por Monseñor Dr. Raúl Francisco Primatesta. La grey católica tenía un nuevo pastor, cuyo carácter apacible pero firme, sirvió para suavizar momentáneamente las asperezas entre los sectores católicos y liberales provocadas durante años anteriores.

    En Diciembre fue clausurado oficialmente el Concilio Vaticano II. Juan XXIII había presidido el discurso de apertura celebrado entre el 11 de octubre y el 8 de diciembre de 1962, en ese primer discurso el Papa señaló las directrices de trabajo que el Concilio habría de seguir consistentes en apoyar actitudes de tolerancia en relación con cuestiones de índole social y religiosa.

    Por primera vez en la historia de los Concilios acudieron a Roma obispos de todas las nacionalidades y razas.

    La muerte de Juan XXIII, ocurrida en la primavera de 1963 durante el quinto año de su pontificado, había dejado en marcha este Concilio Ecuménico destinado a tener una particular trascendencia en la historia de la iglesia.

    Pablo VI culminó, dos años después, la generosa visión de su antecesor.

    El Concilio facilitó la reconciliación entre las diferentes ramas del cristianismo y contribuyó a una política de acercamiento de la Iglesia a los sectores mas desfavorecidos de la sociedad, actualizando con ello las raíces más profundas del Catolicismo. La Iglesia abrió sus ventanas al mundo y se oxigenó con la Gracia del Espíritu Santo. Comenzaban tiempos nuevos de renovación institucional.

    En el país había comenzado a desarrollarse una campaña psicológica que instaló la idea de un vacío de poder.

    Esto llevó a que en junio de 1966, el general Onganía se pusiera al frente de un golpe militar que accedió al gobierno sin encontrar oposición de parte de la ciudadanía.

    El Estado se fue conformando por la vía del autoritarismo, como un sistema de exclusión política y económica de los sectores populares en ese momento fuertemente movilizados y la concentración de la riqueza y acumulación de capital de grupos económicos relacionados con inversores extranjeros.

    Una vez aplicadas estas medidas, comenzó a manifestarse el descontento de muchos sectores de la sociedad civil. Pero a partir de ese momento, todos aquellos que se resistían a las directivas de un Estado militarizado, eran considerados como enemigos de la Nación.

    En Córdoba las movilizaciones de obreros y estudiantes, los choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes, las barricadas en los barrios, se volverían parte de la vida cotidiana de la ciudad.

    A principios de 1969 la situación se agravó, el presidente Onganía anunciaría que el gobierno de la “Revolución Argentina” había cumplido sus metas económicas y que se abocaría al logro de los objetivos del “tiempo social”, que consistía en la distribución de los beneficios del desarrollo económico, por lo que dispuso un aumento de salarios, considerado insuficiente por el sindicalismo; sectores de la población de varias provincias argentinas protagonizaron protestas sociales, los estudiantes de las Universidades del Nordeste y de Rosario plantearon sus reclamos y su oposición al gobierno militar.

    En Córdoba estalló el conflicto más violento. La ciudad se había convertido en la capital industrial del interior, aquí se encontraban instaladas las fábricas automotrices mas importantes como Fiat y Renault y los obreros que allí trabajaban recibían sueldos más elevados que el salario promedio percibido en otras provincias, por lo que experimentó un profundo proceso de urbanización.

    En mayo de ese año, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto por el que derogaba la media jornada de descanso del sábado, llamado “sábado inglés” en Mendoza, San Juan, Tucumán y Córdoba y al mismo tiempo anunció el congelamiento de los convenios colectivos y de los salarios.

    En Córdoba las regionales de SMATA (Sindicato de Mecánicos Automotores y Transportes de la Argentina), de Luz y Fuerza y la UTA (Unión Tranviarios Automotor), convocaron a una asamblea que terminó en un enfrentamiento con la policía y un llamado al paro general.

    El 29 de mayo, obreros y estudiantes cordobeses salieron a manifestar por las calles de la Capital, ante la magnitud de la movilización, Onganía ordenó que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la represión. Como resultado de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas represivas, hubo presos, heridos y dieciseis muertos. Estos hechos fueron conocidos como “El cordobazo”.

    La protesta se extendió a otras provincias, Rosario fue declarada zona de emergencia y colocada bajo jurisdicción militar profundizándose los conflictos en Tucumán.

    Aunque el gobierno nacional logró dominar los movimientos, Onganía tuvo que renunciar y fue reemplazado por Roberto Levingston y más tarde por Alejandro A. Lanusse.

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EN LOS SETENTA...

    La década se inició con un brutal terremoto en Perú que sirvió para llamar la atención sobre la pobreza y miseria imperante en América Latina y el Tercer Mundo, a lo que se agregaron guerras civiles y tensiones entre árabes e israelíes por territorios en Palestina que se pusieron de manifiesto en los atentados terroristas de las Olimpíadas de Munich.

    Si bien luego de casi dos décadas de enfrentamiento llegó a su fin en 1975 la guerra de Vietnam, que unificó el territorio bajo un sistema comunista y fervientemente nacionalista, en la segunda mitad de la década se produjo una escalada de la violencia que se consolidó como el rasgo distintivo.

    Al mismo tiempo que los actos terroristas, atentados, guerras civiles, golpes militares a las democracias latinoamericanas, secuestros y suicidios reclamaban la atención mundial, se producía el nacimiento del primer bebé de probeta o se asistía a los recambios sucesivos en la dirección de la Iglesia Católica luego de la muerte de Pablo VI y Juan Pablo I en 1978.

    En el marco internacional el bioquímico estadounidense de origen argentino Luis Federico Leloir recibió el premio nobel de química por el descubrimiento de los nucleótidos de gran importancia para el metabolismo de los azúcares en el cuerpo humano y el argentino Carlos Monzón conquistó el Título Mundial de Pesos Medios que mantuvo en su poder durante doce años.

    La tranquilidad alcanzada en los logros del colegio no se reflejaba en el ámbito nacional ya que a partir de 1970 se inició un proceso de violencia en el país, con el accionar de movimientos guerrilleros que concentrarían su actividad inicial en la selva tucumana y se extenderían a lo largo de la década a las principales ciudades del país.

    Uno de los hechos de mayor repercusión durante el gobierno de Lanusse fue la llamada “masacre de Trelew” el 15 de agosto de 1972, en la que se produjo la fuga de 25 militantes políticos detenidos, miembros de Montoneros, del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y otras organizaciones, los guerrilleros se dirigieron al aeropuerto de Trelew y seis lograron huir en un avión a Chile. El resto se rindió ante las fuerzas de seguridad de la Marina y en la madrugada del 22 de agosto fueron fusilados por las fuerzas militares que controlaban el penal. Más tarde se convertirían en el símbolo de la lucha contra el gobierno militar.

    El 17 de noviembre de ese año, el ex - presidente Juan D. Perón, luego de 18 años de exilio en España, regresó por breve tiempo al país con lo que se aceleró el proceso de democratización ya que al año siguiente se convocaron elecciones generales.

    El peronismo hasta ese entonces proscripto, organizó un frente electoral con otros partidos menores y llevó como candidatos a Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima. El eje de su campaña, desafiando abiertamente la cláusula que le impedía a Perón ser candidato, fue "Cámpora al Gobierno, Perón al Poder"; triunfante, a meses de su asunción, renunció y con nuevas elecciones, Perón asumió por tercera vez el gobierno del país.

    En la segunda mitad de la década la violencia había recrudecido, los grupos guerrilleros de izquierda, desplazados del poder a los pocos meses de la asunción de Perón, actuaban sin control, por lo tanto se autorizó a las fuerzas armadas a ejecutar acciones tendientes a aniquilar el accionar de elementos subversivos del país.

    En 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron a María E. Martinez de Perón, presidente en ejercicio luego del fallecimiento de Perón en 1974, con lo que se inició el Proceso de Reorganización Nacional que se extendería por dieciseis años y que llevaría, mediante la anulación de garantías constitucionales y la desarticulación de la sociedad, a la aplicación del terrorismo de Estado con la desaparición y muerte de treinta mil ciudadanos argentinos en manos de la represión aplicada a nivel estatal.

    La dictadura militar establecida profundizó la liberalización y apertura de la economía, provocó el endeudamiento externo, desalentó las inversiones productivas y removió las bases de la industrialización sustitutiva desarrollada desde 1930 en el país.

    Estas medidas llevaron a profundas transformaciones en la estructura del empleo y el salario al tiempo que se redujo el gasto social que el Estado realizaba en educación, salud y bienestar social.

    Entre 1976 y 1983 se registró un constante aumento de expulsión de mano de obra industrial y el consiguiente deterioro laboral. Las reacciones de la sociedad frente a esta situación fueron diversas. La represión, la crisis económica y el discurso reivindicativo del orden sostenido desde los medios masivos de comunicación, inclinaron a una parte de la población a la aceptación pasiva de la situación; por ese entonces se identificaba al peronismo con el caos y por lo tanto, era necesario una mano fuerte que resolviera y actuara por todos.

    Otros sectores de la población reaccionaban. El 30 de abril de 1977 a las once de la mañana, un grupo de catorce mujeres se reunió en la Plaza de Mayo con el propósito de solicitar una audiencia al entonces presidente, general Videla, querían conocer la situación de sus hijos, que habían sido detenidos ilegalmente y de los que hasta ese momento, no habían tenido ninguna noticia. No consiguieron la audiencia solicitada, pero ese encuentro fue el punto de partida para organizar la "Asociación Madres de Plaza de Mayo" que comenzó a nuclear a quienes reclamaban por la aparición con vida de los detenidos - desaparecidos. También surgieron durante ese período otras organizaciones que agrupaban a familiares de personas directamente afectadas por la represión, las que recibieron ayuda y reconocimiento de parte de los organismos internacionales.

    La actuación de la Iglesia Católica durante los años de la dictadura militar ha dado lugar a muchas polémicas. Como en las situaciones difíciles, entre el conjunto de los sacerdotes y obispos se diferenciaron dos actitudes: de denuncia y acompañamiento a los familiares de las víctimas por un lado y de aprobación y colaboración con la política represiva por otro.

    Muchos de los sacerdores que integraban el "Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo" y un conjunto de religiosos que desarrollaban su acción pastoral en zonas carenciadas a través de las llamadas comunidades de base, fueron víctimas directas de la represión implementada por el terrorismo de Estado. Los casos más resonantes fueron la matanza de monjes pertenecientes a la orden de los Polotinos en el barrio porteño de Belgrano, el asesinato del Obispo de la Rioja, Monseñor Angelelli y el secuestro y desaparición de monjas francesas en el centro clandestino de detención de la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada).

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EN LOS OCHENTA...

    En el verano de 1980 como reflejo de problemas y disensiones internas que no habían dejado de reproducirse desde la Segunda Guerra Mundial, la crisis estalló en Polonia y puso en tela de juicio la viabilidad del sistema comunista.

    A partir de allí, diferentes sucesos llevarían a procesos de democratización en los países del este europeo, al desarme internacional y al el final definitivo de la guerra fría y la bipolarización geopolítica del planeta que tuvo su punto más representativo en la caída del Muro de Berlín, símbolo de la división europea, el 9 de noviembre de 1989.

    Por primera vez, Europa vio convertida en realidad la posibilidad de superar en forma pacífica en orden surgido en 1945.

    En líneas generales desde 1980, en las sociedades latinoamericanas se inició un proceso de transición; después de años de dictaduras, muchos países registraban una profundización de la exclusión y marginación de amplios sectores populares a lo que se sumaba el endeudamiento externo, por lo que los gobiernos militares que se vieron forzados a dejar el poder.

    En la mayoría de los casos, la transición fue pactada entre los militares salientes y los dirigentes políticos más representativos de la sociedad civil que se propuso reconstruir el régimen político a través de un Estado de derecho que garantizara las libertades civiles.

    En Argentina durante 1980, la política económica desarrollada por el Proceso de Reorganización Nacional originó una profunda crisis financiera con masivas fugas de capital hacia el exterior, la que se agudizó en los años siguientes pese a los cambios en el gobierno.

    El pago de los sueldos se vio resentido debido a la creciente inflación; al mismo tiempo, los organismos de derechos humanos, la C.G.T. y los partidos políticos nucleados en la Asamblea Multipartidaria, que desde julio de 1981 integraban el radicalismo, el peronismo, demócratas cristianos y los sectores intransigentes, comenzaron a movilizarse y a organizar acciones de protesta que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad.

    El 2 de abril de 1982 el gobierno al mando del General Galtieri anunció la recuperación de las islas Malvinas.
La ocupación, que se originó en una decisión tomada en secreto por unas pocas personas y sin calibrar adecuadamente sus consecuencias militares y políticas, contó con un alto apoyo popular pero se había subestimado la respuesta de Gran Bretaña a la vez que se creyó que la decisión Argentina contaría con el apoyo de Estados Unidos.

    Contra todas las previsiones, el 14 de junio de ese año, el mando militar argentino en Malvinas se rindió ante las fuerzas británicas en una derrota que fue a la vez inevitable e inesperada.

    Una consecuencia no deseada ante la derrota de la guerra de Malvinas, fue el retorno del país a la democracia constitucional.

    El Proceso militar, debilitado y desacreditado luego de la derrota, debió convocar a elecciones el 30 de octubre de 1983 en las que resultó triunfante el candidato de la Unión Cívica Radical, Dr. Raúl R. Alfonsín.

    El nuevo gobierno constitucional se propuso tres objetivos básicos: la restauración del Estado de derecho; la supresión o modificación de normas antidemocráticas heredadas de la dictadura militar y el perfeccionamiento de derechos y garantías con la incorporación de mecanismos que las efectivizaran. El movimiento de democratización incluso dio marco jurídico al funcionamiento de los partidos políticos, reconociéndolos como instrumentos necesarios para la realización de la política nacional.

    La reinstalación del régimen político democrático generó en la población expectativas respecto a la solución de la crisis económica, la reactivación de la producción y el empleo. Sin embargo, las consecuencias de la política económica implementada durante la dictadura militar, el aumento de la deuda externa y las nuevas condiciones del sistema económico internacional, impidieron la rápida recuperación de la economía.

    En diciembre de 1986 el Congreso aprobó la "Ley de Punto Final" que fijaba una fecha tope para iniciar causas por la represión ilegal. Esta decisión incentivó a los organismos de derechos humanos a incrementar las denuncias y a acelerar las presentaciones de pruebas con lo que en poco tiempo quedaron procesados trescientos oficiales.

    Como reacción a las numerosas citaciones para declarar ante la justicia, en abril de 1987 estalló una sublevación militar liderada por el teniente coronel Aldo Rico. Los sublevados en la llamada "Rebelión de Semana Santa", expresaron el descontento de muchos oficiales por el avance del poder civil sobre los militares y reclamaron una solución política para las causas penales en los que estaban involucrados.

    Frente al peligro de un nuevo golpe de Estado, la población se movilizó masivamente, el gobierno logró controlar momentáneamente la rebelión y los oficiales que la dirigían fueron encarcelados.

    En el plano económico, el gobierno debió implementar una serie de ajustes que fracasaron derivando en un proceso de hiperinflación, esto sumado a nuevas sublevaciones militares, debilitaron la posición del gobierno frente a un nuevo período electoral.

    En las elecciones nacionales de 1989 triunfó el Partido Justicialista, el gobierno ante el descalabro económico debió adelantar la entrega del poder presidencial en manos del Dr. Carlos S. Menem. Por primera vez en el país se producía la entrega del poder entre presidentes constitucionales elegidos democráticamente, hecho que permitió consolidar el régimen democrático en Argentina.

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EN LOS NOVENTA...

    En la última década del siglo XX se inició un proceso histórico difícil de analizar, tanto por la velocidad de los cambios como por la cercanía de las transformaciones.

    La rapidez de estos cambios hizo que para muchos se tratase de una época en la que las certidumbres en las formas de vivir y pensar, se desmoronaban.

    El inicio de la década selló definitivamente el fin de la Guerra Fría con la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), régimen ideológico que sirvió de referencia a buena parte de la humanidad.

    La disolución de la Unión Soviética, el final del mundo bipolar y de la tradicional competencia entre el capitalismo y el socialismo, parecían indicar que los ejes que organizaron el siglo XX se modificaban profundamente y se había arribado finalmente a un mundo en el que cada uno encontraría su lugar, de manera pacífica y sin conflictos, gozando plenamente de sus derechos.

    Sin embargo, junto al concepto de “globalización” que explicaba el nuevo orden mundial, los conflictos sociales no desaparecieron y estallaron guerras y crisis de grandes magnitudes, como el resurgimiento de movimientos nacionalistas xenófobos en Europa o la Guerra del Golfo en el Oriente Próximo provocada por el dominio de Kuwait; sector energético esencial para el funcionamiento del sistema capitalista en momentos en que se producía un período de recesión económica.

    Las guerras iniciadas fueron consideradas los "primeros conflictos bélicos mediáticos" ya que motivaron un despliegue propagandístico sin igual contrarrestado por la poca información real de los acontecimientos.
Por otra parte, la guerra civil, la pobreza generalizada, la explosión demográfica y la violencia tribal asolaron los territorios de África Negra y dificultaron la instauración de regímenes democráticos en el territorio.

    En América Latina, las nuevas democracias llevaron a cabo la aplicación de reformas neoliberales, consideradas indispensables para la superación de la crisis económica, medidas que en la práctica significaron el alineamiento con los postulados neoconservadores elaborados por los grupos de poder económico y político de los países capitalistas centrales.

    En una demostración del reacomodamiento y salida de la crisis, se consolidaron además como bloques económicos, el Nafta y el Mercosur en un intento de facilitar la competitividad americana frente al crecimiento de las economías del Pacífico y de Asia.

    Como contracara a esta imagen de supuesto florecimiento económico, en Méjico y Brasil principalmente se desarrollaron movimientos de denuncia y reclamo frente a situaciones de extrema pobreza y marginación que aun hoy padecen grandes sectores de la población, movimientos que siguen en vigencia hasta la actualidad.

    Luego de procesos hiperinflacionarios incontrolables en Argentina, el año 1991 se inició con una fuerte crisis política, que terminaría con el desplazamiento del Ministro de Economía Antonio Erman Gonzalez, tercer titular de ese Ministerio desde el inicio del gobierno y su reemplazo por Domigo Cavallo que lanzó un nuevo programa de estabilización económica conocido como Plan de Convertibilidad.

    Una de las primeras medidas asociadas a este nuevo plan fue el cambio de moneda; se estableció una paridad entre el peso y el dólar y se prohibió emitir dinero sin respaldo del Banco Central.

    Otro pilar del plan económico fue la privatización de las empresas públicas, buscando nuevas fuentes de financiamiento para un Estado que debía reducir sus gastos. Siguiendo un fenómeno corriente en el mundo, las hasta ese entonces empresas del Estado, quedaron en manos de consorcios formados por representantes de diferentes nacionalidades; muchos de los recursos obtenidos fueron derivados al pago de la creciente deuda externa. El plan implementado tuvo éxito, la inflación cayó rápidamente, pero el salario real no logró recuperar los niveles anteriores a los períodos hiperinflacionarios.

    A fines de 1993, el gobierno y la oposición representada por la U.C.R., acordaron la reforma de la Constitución Nacional, cuyo principal objetivo, perseguido y alcanzado por el gobierno, fue habilitar la posibilidad de reelección presidencial en forma inmediata.

    A fines de 1994, Méjico sufrió una fuerte crisis que amenazó la estabilidad de las economías latinoamericanas y contribuyó a que en nuestro país se produjera una importante recesión; el desempleo en abril de 1995 afectaba al 18% de la población económicamente activa.

    Electo para un segundo período presidencial, Carlos S. Menem logró momentáneamente la reactivación económica pero no el aumento del empleo, la crisis que se mantuvo puso en evidencia la ausencia de una acción estatal eficaz para resolver los problemas sociales con el consiguiente descontento social.

    Argentina ingresó en el nuevo siglo sumida en otra crisis económica y social. Los sucesivos gobiernos, hasta el presente, lejos de encontrar una solución a los problemas, agravaron la situación con la devaluación de la moneda tras la salida del programa de Convertibilidad lo que ocasionó nuevos problemas inflacionarios, desempleo, movimientos populares en reclamo de mejoras por parte de los legítimos representantes del pueblo, la satisfacción de dichas demandas es una tarea que aún queda pendiente para éste y los gobiernos sucesivos.

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